La continuidad del incumplimiento de la verificación biométrica en la contratación del servicio público móvil (2018-2023): análisis de las herramientas y medidas disuasivas del Osiptel

Abstract

La presente investigación analiza la permanencia en el tiempo del incumplimiento por parte de las empresas Viettel Perú S.A.C. (en adelante, VIETTEL), Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, AMÉRICA MÓVIL) y Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) respecto a la obligación de verificar la identidad del solicitante mediante el sistema de verificación biométrica de huella dactilar durante la contratación de servicios públicos móviles en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, así como las herramientas y la eficacia de las medidas disuasivas adoptadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, OSIPTEL) para hacer frente a la situación descrita. El estudio inicia con el reconocimiento de que la verificación biométrica constituye un mecanismo esencial para garantizar la correcta identificación de los solicitantes de servicios móviles, proteger sus datos personales y evitar situaciones perjudiciales para estos, como la suplantación de identidad mediante la cual se le atribuya líneas móviles indebidamente contratadas. Posteriormente, se efectuó el análisis de veintidós (22) procedimientos administrativos sancionadores, los que además han sustentado la presente investigación, seguidos contras las empresas operadoras mencionadas por el incumplimiento de la obligación descrita en el primer párrafo. Del análisis de dichos expedientes se advirtió que el incumplimiento investigado no se trató de un hecho aislado, sino de una práctica recurrente en el tiempo y sancionada reiteradamente por el regulador. No obstante, pese a esto último lo que se detectó fue que no se logró algún efecto disuasivo para con ello detener la ocurrencia de la conducta infractora. Entre las causas identificadas del problema investigado se encontraron la falta de control de las empresas operadoras respecto a su personal, fallas en sus sistemas internos, una intervención tardía por parte del regulador y las ventajas económicas obtenidas por las empresas operadoras. Las circunstancias mencionadas habrían generado un escenario en el cual el riesgo y el costo del incumplimiento resultan asumibles para las empresas, en detrimento de los derechos de los usuarios y de los efectos perjudiciales de la conducta infractora.