Operación cierre distorsión en la fiscalización municipal

Abstract

La presente investigación analiza las clausuras temporales durante las acciones de fiscalización realizadas por las Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana entre los años 2023 y 2024. En particular, se centra en los casos de clausura temporal de establecimientos comerciales de gran relevancia como el Centro Comercial Real Plaza Puruchuco (Ate) y Mall Aventura (San Juan de Lurigancho). El objetivo fue examinar cómo el marco regulatorio vigente permitió distorsiones en la ejecución de medidas preventivas, como las clausuras temporales durante las acciones de fiscalización. La hipótesis principal postuló que la ambigüedad del marco regulatorio vigente y el uso desproporcionado de la discrecionalidad por parte de las autoridades municipales permitieron distorsiones en la ejecución de medidas preventivas de clausura temporal. La metodología utilizada fue cualitativa, con un análisis de dos casos específicos ocurridos antes y después del cambio normativo, fundamentado en la revisión de los expedientes administrativos, reportes periodísticos, entrevistas realizadas a funcionarios municipales, expertos en Derecho Administrativo, así como representantes del sector empresarial. Las principales preguntas de investigación giraron en torno a cómo la falta de delimitación de las competencias municipales y la desproporcionada discrecionalidad municipal generaron distorsiones en la ejecución de las clausuras temporales de establecimientos durante las acciones de fiscalización. Se evaluó si estos procedimientos respetaron los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la ley. Los resultados obtenidos permitieron concluir que existían distorsiones por parte de las autoridades municipales al momento de aplicar el marco normativo. Asimismo, se destacó la necesidad de proponer una propuesta normativa para modificar el TUO de la LPAG, así como precisar los alcances de la Ley N° 31914 en el que se precise los supuestos y competencias de las autoridades que ejecutan las medidas de clausura temporal, con el fin de no perjudicar los derechos de los administrados ni el entorno económico de los establecimientos.