Mejoras al procedimiento sumarísimo de protección al consumidor

Abstract

En el año 2010 entró en vigencia la Ley N°29571, que aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor1 (en adelante, el Código de Consumo). Esta norma introdujo importantes avances en materia de protección al consumidor en el Perú, entre ellos la creación de un nuevo mecanismo para la solución de controversias de consumo: el procedimiento sumarísimo de protección al consumidor. Este procedimiento permite que los administrados recurran al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para obtener una resolución sobre sus controversias en un plazo significativamente más breve que el previsto para el procedimiento ordinario. La implementación de este mecanismo procesal de carácter especial respondió a la necesidad de contar con una vía más célere y ágil para la atención de controversias de consumo, particularmente en casos de menor cuantía o por la naturaleza de la materia discutida. Sin embargo, a lo largo de los años se ha evidenciado un crecimiento sostenido en el número de denuncias tramitadas ante los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor (en adelante, ORPS) del INDECOPI, superando incluso la carga procesal registrada por las Comisiones de Protección al Consumidor (en adelante, CPC). Este incremento ha venido acompañado de incumplimientos de los plazos legales para la tramitación y resolución de los casos, afectando no solo a los consumidores cuyas denuncias no se resuelven oportunamente, sino también el funcionamiento eficiente del mercado. Frente a esta a esta problemática, el presente trabajo de investigación evalúa la regulación vigente en materia de competencia por cuantía y materia aplicable a las denuncias tramitadas ante los ORPS, con el objetivo de determinar si dichas reglas resultan adecuadas y suficientes para garantizar la celeridad y eficiencia en la tramitación de los procedimientos sumarísimos en Lima.