Recomendaciones para promover la participación del sector privado en proyectos de infraestructura y gestión de establecimientos penitenciarios

Abstract

El Perú atraviesa una ola de inseguridad que obliga a replantear el funcionamiento de todos los eslabones del sistema de administración de justicia, incluyendo el último: el sistema penitenciario. Sobre este se advierten dos niveles de discusión. En el primero se requiere repensar la estrategia para incrementar la cantidad de establecimientos penitenciarios, ante un contexto de alto uso de la prisión preventiva, incremento de las penas de los delitos por parte del Congreso, y mayor incidencia de delitos con las penas más altas. En el segundo nivel se debe considerar que, si bien los penales deben incrementarse, éstos deben contar con las condiciones mínimas que requieren los internos para recibir los servicios básicos que procuren la resocialización de los reos, que es el fin de los establecimientos penitenciarios. La presente investigación contribuye principalmente con el primer nivel de la discusión, sin perder de vista el segundo nivel, sobre el cual no se ahonda porque su discusión requiere un abordaje más integral, desde el enfoque de la fenomenología criminal, además del enfoque del derecho administrativo-económico. Desde hace aproximadamente 9 años, el sector Justicia mantiene el mismo número de establecimientos penitenciarios y ha optado por desarrollar una estrategia de ampliación de la capacidad de albergue de los penales ocupados, únicamente a través de la ejecución de obras en el marco de la norma nacional de contrataciones, pero esto ha resultado insuficiente y lento. También ha realizado el intento de construir los denominados megapenales; sin embargo, a la fecha, el primer establecimiento de este tipo, el Megapenal de Ica, tiene la obra paralizada desde el año 2020 y un proceso de arbitraje con el contratista. Recientemente, el sector Justicia ha buscado plantear otras estrategias, al reconocer que no cuenta con las capacidades para incentivar la participación de privados o terceros, como los Convenios de Administración de Recursos (CAR). Sin embargo, pese a obtener el habilitante legal en el año 2023, a la fecha no se ha firmado tal convenio. En ese contexto, el problema público que aborda el presente trabajo de investigación es la ineficaz gestión del sector Justicia para incrementar la infraestructura penitenciaria y mejorar los servicios en los establecimientos penitenciarios en los últimos años.