Análisis jurídico del caso de la resolución N.° 1723-2023/SPC-INDECOPI: evaluación de cláusulas abusivas, responsabilidad del gerente general y el potencial impacto de un programa de compliance en la protección al consumidor

Abstract

El presente trabajo analiza la Resolución N.° 1723-2023/SPC-INDECOPI, con relación al Expediente 0090-2020/CC2 iniciado a partir de la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash contra Comercial Mont Sociedad Anónima Cerrada y Pedro Nolasco Mont Koc, quien era el Gerente General de la compañía denunciada. La denuncia se centró en dos aspectos: (i) si las cláusulas cuestionadas podían ser calificadas realmente como abusivas en virtud de los artículos 49 al 52 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y (ii) la posible responsabilidad solidaria del gerente general de acuerdo con el artículo 111 del mismo cuerpo normativo. En primera instancia, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia respecto de las cláusulas, pero desestimó la imputación contra el gerente general al no acreditarse dolo o culpa inexcusable. En segunda instancia, la Sala revocó parcialmente lo resuelto y, mediante la Resolución N.° 1723-2023/SPC-INDECOPI, confirmó que algunas cláusulas eran abusivas y atribuyó responsabilidad solidaria al gerente general. Este caso pone en debate la delimitación precisa de lo que se considera una cláusula abusiva, así como la coherencia en la aplicación de la responsabilidad administrativa de los directivos en el contexto del procedimiento sancionador. El presente informe analizará tres problemas principales: en primer lugar, en la valoración que realiza la Sala sobre cuáles cláusulas que podrían clasificarse como abusivas de acuerdo con las normas y jurisprudencia; en segundo lugar, en la interpretación y alcance de la responsabilidad administrativa de los administradores en relación con la infracción de normativas de protección al consumidor; y, en tercer lugar, en el examen de la implementación de un programa de cumplimiento en materia de protección de datos personales. En este sentido, el expediente ofrece un nivel de discusión considerable sobre la correcta aplicación de las normas de protección, los límites de la responsabilidad de los administradores, así como la necesidad de garantizar, por un lado, la tutela efectiva de los consumidores en las relaciones de consumo y, por otro, la seguridad jurídica de las acciones de quienes dirigen las empresas.

This paper analyzes Resolution N.° 1723-2023/SPC-INDECOPI, issued within Case File N.° 0090-2020/CC2, initiated by a complaint filed by the Association of Consumers and Users of the Áncash Region against Comercial Mont Sociedad Anónima Cerrada and Pedro Nolasco Mont Koc. The claim focused on two main issues: (i) whether the challenged clauses could actually be considered abusive under Articles 49 to 52 of the Consumer Protection and Defense Code, and (ii) the possible joint liability of the general manager pursuant to Article 111 of the same statute. In the first instance, the Commission partially upheld the complaint regarding certain clauses but dismissed the charges against the general manager, finding no evidence of intent or gross negligence. On appeal, the Chamber partially overturned the decision and, through Resolution N.° 1723-2023/SPC-INDECOPI, confirmed that some clauses were abusive and imposed joint liability on the general manager. This case raises critical questions regarding the precise definition of abusive clauses and the consistency of administrative liability applied to company executives within sanctioning procedures. The critical analysis of this case focuses on three essential issues: first, the Chamber’s assessment of which clauses should be considered abusive according to applicable legal and jurisprudential criteria; second, the interpretation and scope of the administrative liability of general managers when a consumer protection regulation is violated; and third, the analysis of the implementation of a personal data protection compliance program. In this regard, the case file presents a highly significant level of discussion regarding the proper application of protection regulations, the limits of managerial liability, and—no less importantly—the need to ensure, on the one hand, the effective protection of consumers in consumer relations and, on the other, the legal certainty of the actions taken by company executives.