La inversión en la infraestructura de transmisión eléctrica tiene como política regulatoria el régimen de Asociaciones Público Privadas. Los proyectos se adjudican a través de una licitación y una suscripción del Contrato de Concesión. Sin embargo, la determinación de las tarifas se establece por este último y por marco regulatorio diferente. Ello genera un riesgo regulatorio en tanto no existan mecanismos que mitiguen los potenciales perjuicios tras la modificación del marco regulatorio aplicable.
