Articulación de políticas sociales y monitoreo ciudadano del gasto público

Abstract

El drástico ajuste económico de inicios de los 90 obligó a implementar intervenciones de compensación social. Así, se crearon una serie de programas gubernamentales de alimentación, salud, empleo e infraestructura productiva y social, como el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA). Con el fin de centralizar su manejo, en 1992 se reactivó el Ministerio de la Presidencia (PRES), al cual se adscribieron estas y otras intervenciones y se transfirieron, desde diversos ministerios, instituciones y proyectos vinculados con las políticas sociales, como el Instituto de Formación y Capacitación en Seguridad (INFES) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Estas transferencias pusieron en evidencia la duplicación de esfuerzos que se experimentaba en la formulación y ejecución de la política social a todo nivel de gobierno, y la falta de articulación entre ellos. Si bien en 1997 se diseñó la “Estrategia focalizada de lucha contra la pobreza”, el desarrollo desigual de las capacidades de los entes responsables impidió que la eficacia de la inversión social mejorara. Esto motivó que se estableciera la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como encargada de proponer y coordinar las políticas sociales en el ámbito sectorial. A pesar de que la CIAS estaba compuesta por los ministros de los sectores sociales, no consiguió operar la articulación multisectorial adecuadamente. Como prueba de ello, Vásquez (2004) plantea que en el año 2000 la yuxtaposición de los programas sociales en el país generó un costo de más de US$ 100 millones.