M. Derecho Administrativo Económico

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Análisis de la Ley N° 27506: criterios de distribución del canon minero y propuestas para una gestión eficiente - caso Ancash (2016-2023)
(Universidad del Pacífico, 2024-09) Diaz Lazo, Joel Hulmer; Montes Tapia, Karina
Este estudio tuvo como objetivo analizar los criterios actuales de distribución del canon minero, establecidos en el artículo 5° de la Ley de Canon, Ley N° 27506, y su reglamento, el Decreto Supremo N° 005-2002-EF. Dichos criterios, basados en dos indicadores, asignan porcentajes de distribución a las provincias del departamento de Ancash. Sin embargo, los porcentajes actuales no reflejan el desarrollo esperado, resultando en inversiones en proyectos de baja rentabilidad y "pereza fiscal". El canon minero, destinado a reducir la pobreza y mejorar la infraestructura, ha generado desigualdades económicas y descontento en la población debido a una mala gestión y distribución de los recursos.
Análisis de la Ley N° 29022 y sus repercusiones en las zonas de frontera de Loreto
(Universidad del Pacífico, 2023-06) Miranda Champac, Thierry Stefano; Rodríguez Chávez, Diego Alexander; Rondoy Avila, Danae Almendra; Montes Tapia, Karina
La crisis sanitaria reflejó deficiencias en la prestación del servicio de telecomunicaciones en nuestro país y acrecentó la diferencia entre zonas urbanas y las demás regiones. Ello, pese a que hace dieciséis (16) años – 2007- se promulgó la Ley N° 29022 que buscaba fomentar la inversión privada en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, principalmente, en zonas rurales, de preferente interés social y zonas de frontera. Es importante tener en cuenta que -en el marco de la citada norma- una de las principales obligaciones del Estado era de adecuar su procedimiento de instalación de infraestructura en telecomunicaciones al régimen de aprobación automática, a fin de eliminar barreras que impidan la construcción de la referida infraestructura y la promoción de la inversión privada, lo cual constituía sus principales objetivos. Por tanto, a efectos de verificar si la Ley N° 29022 alcanzó sus objetivos se efectuó una evaluación de impacto regulatorio Ex post enfocada en las provincias fronterizas de Mariscal Ramón Castilla, Datem del Marañón y sus distritos, utilizando para ello las guías Metodológicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y de Reino Unido. Del análisis realizado, se advirtió que solo tres (03) localidades cumplieron con lo estipulado en la Ley N° 29022, por lo que la norma no ha contribuido a la promoción de inversión en la instalación de infraestructura en telecomunicaciones, por el contrario, ha originado barreras de entrada al mercado para los inversionistas. Se verificó, además, que la medida propuesta no incide directamente con la cantidad de infraestructura de telecomunicaciones que las empresas privadas han construido en las zonas bajo estudio.
Los créditos hipotecarios del Banco de la Nación bajo la lupa del principio de subsidiariedad
(Universidad del Pacífico, 2021-09) Felix Acosta, Nataly Lesly; Gavancho Yupanqui, Priscilla; Luyo Castañeda, Michael Daygoro; Montes Tapia, Karina
Un gran problema que ha sido materia de debate constante, y que en los últimos meses se ha acentuado, es determinar si resulta necesaria la intervención del Estado en el mercado mediante empresas públicas. La controversia se intensifica cuando se trata del mercado bancario; es un tema tan delicado que un error del Estado podría afectar gravemente la economía del país y, por ende, el bienestar general de la población, en tanto no solo afecta el buen funcionamiento del proceso competitivo, sino principalmente a los ciudadanos, quienes serían los principales perjudicados por el mal uso de los recursos públicos que son empleados para realizar actividad empresarial que no tenga ninguna justificación.
Intervención estatal para el control del impacto socio ambiental de la quema de caña de azúcar previo a su cosecha en el Perú
(Universidad del Pacífico, 2021-04) Jurado Corimanya, Edwin Edson; Aguilar Cruz, Juan Carlos; Pescetto Figueroa, Sandra Noelia; Montes Tapia, Karina
El presente trabajo de investigación evalúa la necesidad de la intervención del Estado a través de su potestad regulatoria, a fin de controlar los impactos negativos que genera la actividad de quema de caña de azúcar en el medio ambiente y en la salud de las poblaciones de la zona de influencia de las empresas productoras. Al respecto, el marco normativo vigente establece condiciones generales que pueden resultar aplicables a la quema de caña de azúcar; sin embargo, su regulación específica se establece a través de instrumentos de gestión ambiental (IGA), los cuales son heterogéneos pues varían significativamente entre uno y otro productor; asimismo, debido al periodo de adecuación previsto en la normativa del sector agrario e industrial, no todos los productores de caña cuentan con IGA. Por otro lado, a raíz de la problemática suscitada en el distrito de La Huaca, departamento de Piura, evidenciada en las seis denuncias registradas en el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, referidas a la presunta contaminación por la quema de caña de azúcar de la empresa Agroaurora S.A.C., el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizó una evaluación ambiental para determinar la calidad de aire y estimar las distancias mínimas apropiadas para la quema, cuyos resultados motivaron la imposición de una medida preventiva para la restricción de dicha actividad a nuevas distancias y horarios de quema definidos. Frente a la problemática antes descrita, se realizó el análisis de cuatro alternativas de solución que contemplan diferentes niveles de control para la quema de caña: (i) mantener la situación actual con medidas de control establecidas en los IGA, (ii) la autorregulación entre los propios productores, (iii) la restricción de la quema de caña a determinadas distancias y horarios, y (iv) la prohibición de la quema de caña. Para esta evaluación se utilizó el análisis multicriterio, mediante encuestas a diversos actores involucrados, quienes asignaron puntajes a cada alternativa, en función de criterios de evaluación referidos a sus costos y beneficios. Finalmente, considerando los resultados de la evaluación realizada, se planteó una propuesta de solución a la problemática de la quema de caña, la cual contempla la restricción provisional de dicha actividad, a través de distancias mínimas respecto de zonas restringidas y horarios de quema específicos, y la posterior implementación obligatoria de su cosecha en verde.
Retos del Estado en el otorgamiento de bonos y canastas como respuesta a la Covid 19
(Universidad del Pacífico, 2021-05) Rojas Bedrillana, Maria Romina; Lagos Cabieses, Alejandro; Montes Tapia, Karina
En este documento abordamos como materia de investigación, el otorgamiento del subsidio “Bono yo me quedo en casa” otorgado vía el Decreto de Urgencia N° 027-2020 y su complementario el Decreto de Urgencia N° 044-2020, así como la adquisición y distribución de canastas básicas familiares vía el Decreto de Urgencia N° 033-2020. Al respecto, se ha realizado una evaluación ex post de los procesos de otorgamiento de tales ayudas económicas, verificando si se cumplió el marco regulatorio para la emisión de dichos Decretos de Urgencia, además de analizar la implementación de los mismos, habiendo esta investigación puesto en evidencia que no hay un ordenado ni riguroso control parlamentario de los decretos de urgencia, por lo cual amerita definir lineamientos, criterios, metodología de evaluación y procedimiento que faciliten la evaluación que debe realizar el Congreso de la República a tales dispositivos; así como se ha podido identificar un bajo desempeño en la identificación de los beneficiarios del “Bono yo me quedo en casa” debido a problemas de actualización y recolección de información, falta de articulación interinstitucional para el cruce de información entre el Sisfoh con otros sistemas administrativos del Estado, limitaciones para el cobro del Bono por la falta de inclusión digital de la población y un bajo desempeño de los Gobiernos Locales para una adecuada identificación y priorización de beneficiarios de las canastas, así como para su adquisición y entrega.

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