M. Derecho Administrativo Económico

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La actuación municipal con relación a las autorizaciones de despliegue de infraestructura en telecomunicaciones
(Universidad del Pacífico, 2023-04) Martinez Flores, Itala Jessenia; Vasquez Montes de Oca, Katherina Giuliana; Zea Jara, Luis Alberto; Gonzales Chávez, Christiam Miguel
El 20 de mayo de 2007, fue publicada la Ley Nº 29022, denominada Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones (Ley N° 29022), en cuya exposición de motivos se señaló que, dentro del mercado de servicios para la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, se logró detectar barreras burocráticas. El objeto de la Ley Nº 29022, es determinar un régimen temporal y especial para el territorio peruano en su totalidad, con relación al procedimiento para su instalación y despliegue del servicio público en telecomunicaciones, así como también suprimir aquellas barreras conducentes a dificultar la realización de las referidas actividades.
Análisis de la eficacia del sistema de arbitraje de consumo en el Perú durante el periodo 2018-2022
(Universidad del Pacífico, 2024-07) Atero Poma, Edith Judith; Olano Rodriguez, Karina Leticia; Ñahue Gaona, Juan Antonio; Torrejon Valderrama, Irene Milagros; Espinoza Lozada, Jesús Eloy
Este estudio investigativo tiene como objetivo analizar las causas que explican la escasa utilización del Arbitraje de Consumo como una vía para resolver disputas entre clientes y proveedores. Se ha identificado que la principal barrera es la falta de voluntad por parte de los proveedores para adherirse a este mecanismo. Mediante peticiones de acceso a la información pública al Indecopi, se evidenció que, a pesar de los cambios normativos en el Reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo, estos no han logrado estimular la participación de los proveedores de manera adecuada. Las entrevistas realizadas con diversos proveedores revelaron una percepción errónea acerca de las indemnizaciones en el arbitraje. La revisión de los laudos emitidos entre 2018 y 2022 muestra que, en su mayoría, se otorgan devoluciones de dinero o medidas reparadoras, desmintiendo la creencia de indemnizaciones elevadas. Con base en estos hallazgos, se proponen alternativas para promover una mayor adhesión al Arbitraje de Consumo por parte de los proveedores, sugiriendo que su participación sea vista como beneficiosa y voluntaria. Asimismo, se recomienda que los proveedores que utilicen el arbitraje de consumo sean reconocidos positivamente por su disposición a resolver conflictos de manera rápida y efectiva. Estas propuestas buscan fomentar un uso más efectivo del Arbitraje de Consumo.
Análisis de la Ley N° 27506: criterios de distribución del canon minero y propuestas para una gestión eficiente - caso Ancash (2016-2023)
(Universidad del Pacífico, 2024-09) Diaz Lazo, Joel Hulmer; Montes Tapia, Karina
Este estudio tuvo como objetivo analizar los criterios actuales de distribución del canon minero, establecidos en el artículo 5° de la Ley de Canon, Ley N° 27506, y su reglamento, el Decreto Supremo N° 005-2002-EF. Dichos criterios, basados en dos indicadores, asignan porcentajes de distribución a las provincias del departamento de Ancash. Sin embargo, los porcentajes actuales no reflejan el desarrollo esperado, resultando en inversiones en proyectos de baja rentabilidad y "pereza fiscal". El canon minero, destinado a reducir la pobreza y mejorar la infraestructura, ha generado desigualdades económicas y descontento en la población debido a una mala gestión y distribución de los recursos.
Análisis de la Ley N° 29022 y sus repercusiones en las zonas de frontera de Loreto
(Universidad del Pacífico, 2023-06) Miranda Champac, Thierry Stefano; Rodríguez Chávez, Diego Alexander; Rondoy Avila, Danae Almendra; Montes Tapia, Karina
La crisis sanitaria reflejó deficiencias en la prestación del servicio de telecomunicaciones en nuestro país y acrecentó la diferencia entre zonas urbanas y las demás regiones. Ello, pese a que hace dieciséis (16) años – 2007- se promulgó la Ley N° 29022 que buscaba fomentar la inversión privada en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, principalmente, en zonas rurales, de preferente interés social y zonas de frontera. Es importante tener en cuenta que -en el marco de la citada norma- una de las principales obligaciones del Estado era de adecuar su procedimiento de instalación de infraestructura en telecomunicaciones al régimen de aprobación automática, a fin de eliminar barreras que impidan la construcción de la referida infraestructura y la promoción de la inversión privada, lo cual constituía sus principales objetivos. Por tanto, a efectos de verificar si la Ley N° 29022 alcanzó sus objetivos se efectuó una evaluación de impacto regulatorio Ex post enfocada en las provincias fronterizas de Mariscal Ramón Castilla, Datem del Marañón y sus distritos, utilizando para ello las guías Metodológicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y de Reino Unido. Del análisis realizado, se advirtió que solo tres (03) localidades cumplieron con lo estipulado en la Ley N° 29022, por lo que la norma no ha contribuido a la promoción de inversión en la instalación de infraestructura en telecomunicaciones, por el contrario, ha originado barreras de entrada al mercado para los inversionistas. Se verificó, además, que la medida propuesta no incide directamente con la cantidad de infraestructura de telecomunicaciones que las empresas privadas han construido en las zonas bajo estudio.
Análisis de medidas cautelares en el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas en el que se cuestionan derechos de trámite, periodo 2017-2020 en Lima
(Universidad del Pacífico, 2021) Montano Vizcarra, Norma Lisbeth; Rojas Tuco, Diana Vicky; Ugás Sobarzo, Sofía Paola
En la presente investigación se han analizado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) y la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) en el procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas dentro del periodo especificado, en los que se cuestiona si los derechos de tramitación están en función al costo del servicio.
Análisis de problemática y planteamiento de soluciones para la ejecución de obras públicas por administración directa
(Universidad del Pacífico, 2023-09) Echevarria Carrasco, Katherine Pierina; Eslava Morales, Percy Antonio; Figueroa Chavez, Jocelyne; Gaviño Masías, Karla Mónica
La presente investigación tuvo como objetivo proponer alternativas de solución para mejorar la regulación normativa y la eficiencia de la modalidad de ejecución de obras públicas por administración directa. La evidencia recabada, que permitió iniciar esta investigación, fue advertir que la Resolución de Contraloría 195-88-CG, marco regulatorio de la modalidad de ejecución de obras por administración directa, es preconstitucional, pues fue emitida el 18 de julio de 1988, lo que motivó analizar y determinar su concordancia con los principios y derechos constitucionales reconocidos en la Constitución vigente; asimismo, se verificó que esta modalidad reportaba situaciones de ineficiencia, pues tenía la mayor cantidad de obras paralizadas en el país, eran comunes los casos de retrasos y sobrevalorizaciones durante su ejecución y existen diversos intentos por crear una nueva regulación por el Congreso de la República y Contraloría General de la República.
Análisis ex post del numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30884 en el mercado de fabricación de botellas de PET
(Universidad del Pacífico, 2024-10) Changanaqui Miranda, Jorge Luis; Huayta Loarte, Alberto Dario; Nolasco Suarez, Jessica Johana; Silva Malpartida, Luisa Anali; Merino Taboada, María Antonieta
El consumo y la producción mundial de plásticos, en especial de PET, han alcanzado cifras alarmantes en los últimos años, lo que sumado al acelerado incremento en la generación de desechos plásticos, ha ocasionado una creciente preocupación global por su impacto en el medio ambiente y la salud pública. En este contexto, en nuestro país se emitió la Ley Nº 30884, que regula el plástico de un solo uso, y que establece en su numeral 10.1 del artículo 10, la obligación de que los fabricantes de botellas de PET incorporen al menos un 15% de PET-PCR en su proceso productivo. Considerando que la norma antes referida entró en vigor hace más de cinco (5) años y que la obligación contenida en ella es exigible desde hace más de dos (2) años, en el presente trabajo de investigación se efectúa una evaluación ex post, empleando la teoría del cambio, a fin de abordar el problema público identificado y poder analizar el nivel de implementación del numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30884. Para estos efectos, se realizaron entrevistas a expertos y se recopiló información disponible del mercado de resina virgen y desechos de plástico de PET, asimismo, la revisión exhaustiva de conceptos relacionados con la producción, la gestión, el tratamiento y el reciclaje de plásticos de PET y sus residuos, así como de la teoría regulatoria. Sobre la base de esta investigación, se concluye que el nivel de implementación del numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30884 fue parcial y en tal sentido no contribuyó con el objetivo de dicha regulación. A su vez, se identificó la existencia de factores adicionales que no fueron contemplados en el diseño de dicha norma y que incidieron en el cumplimiento de la misma. Finalmente, como resultado de la evaluación de alternativas y del análisis multicriterio efectuado, se identificó la alternativa que podría contribuir en mayor medida con la eficacia de la norma.
Los créditos hipotecarios del Banco de la Nación bajo la lupa del principio de subsidiariedad
(Universidad del Pacífico, 2021-09) Felix Acosta, Nataly Lesly; Gavancho Yupanqui, Priscilla; Luyo Castañeda, Michael Daygoro; Montes Tapia, Karina
Un gran problema que ha sido materia de debate constante, y que en los últimos meses se ha acentuado, es determinar si resulta necesaria la intervención del Estado en el mercado mediante empresas públicas. La controversia se intensifica cuando se trata del mercado bancario; es un tema tan delicado que un error del Estado podría afectar gravemente la economía del país y, por ende, el bienestar general de la población, en tanto no solo afecta el buen funcionamiento del proceso competitivo, sino principalmente a los ciudadanos, quienes serían los principales perjudicados por el mal uso de los recursos públicos que son empleados para realizar actividad empresarial que no tenga ninguna justificación.
Diseño de la junta de resolución de disputas en la vigente normativa de contrataciones del Estado: oportunidades de mejora
(Universidad del Pacífico, 2021-11) Gallardo Aguilar, Jackson Rolando; Inga Aliaga, Hector Martin; Roncal Loyola, Miriam Rocio; Gaviño Masías, Karla Mónica
El Perú, desde hace mucho tiempo, atraviesa por una brecha en infraestructura, generando que la población no cuente con los servicios básicos para su bienestar. Es por ello que el Estado, como parte de sus esfuerzos, ha establecido planes y políticas con el objetivo de cerrar dichas brechas, dentro de las cuales destacan el Acuerdo Nacional (en la vigésima primera política de Estado), en el Plan Bicentenario - Perú al 2021 (quinto eje estratégico); el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (cuarto eje estratégico, “reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva“); y la Política Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo objetivo es “dotar al país de infraestructura económica y social de calidad“, entre otros. Por su parte, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) ha señalado la existencia de una brecha en infraestructura que asciende a S/ 363.000 millones (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], s.f.). Asimismo, el referido Plan ha indicado que, de los 52 proyectos de infraestructura priorizados, 17 se encuentran bajo la modalidad de obra pública, lo que representa el 31% de la inversión proyectada (MEF, 2021a).
Los efectos contraproducentes del Plan Ambiental Detallado
(Universidad del Pacífico, 2022-06) Angulo Carvallo, Ana Gisela; Ancieta Sánchez, Wendy Valeria; Zabarburu Chávez, Sharon May; Merino Taboada, María Antonieta
El presente trabajo de investigación se avoca a analizar los efectos que ha tenido el último Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) Complementario Correctivo de Regularización, el Plan Ambiental Detallado (PAD), establecido por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) el año 2018, ante la identificación de titulares de actividades de hidrocarburos que ejecutaron sus proyectos sin IGA Preventivo, generando impactos ambientales negativos, a fin de que regularicen dichos proyectos a la normativa de evaluación de impacto ambiental vigente. Así, teniendo como base la información pública obtenida, entrevistas a los agentes involucrados, la doctrina desarrollada y el marco legal aplicable, se analiza la problemática identificada en el sector hidrocarburos relativa a que, al año 2021, persisten las actividades de hidrocarburos ejecutadas sin IGA Preventivo que estarían generando impactos ambientales negativos, a pesar de la creación del PAD como tercer IGA Complementario Correctivo de Regularización, siendo que los titulares que se acogieron a dicho instrumento aún no cuentan con un pronunciamiento, no obstante que el plazo legal venció en exceso.
Efectos de la aplicación de la subsanación voluntaria en la estrategia de cumplimiento normativo de la SUNAFIL
(Universidad del Pacífico, 2021-12) Chimoy Llontop, Jorge David; Contreras Serrano, Jose Florentino; Torres Sánchez, María Tessy
Con la dación del Decreto Legislativo N.° 1272 en el 2016, se apreciaron cambios sustanciales en la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). Uno de ellos, acaso entre los más importantes, fue el de la incorporación de la subsanación voluntaria como condición eximente de responsabilidad administrativa frente a la comisión de infracciones a la legislación. Esta modificación normativa ha provocado que diversas entidades de la Administración Pública adecúen su marco normativo, entre ellas la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que vio modificada su normativa especial en materia del Sistema de Inspección del Trabajo, para cumplir con la aplicación de la condición eximente en mención. Al respecto, no cabe duda de que esta significativa variación regulatoria en materia administrativa sancionadora resulta de especial trascendencia habida cuenta del indiscutible y marcado contexto problemático que suponen los altos niveles de informalidad laboral, el empleo precario y la existencia de prácticas de informalidad laboral de los empleadores formales en el Perú; situación que la SUNAFIL enfrenta en su calidad de ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, mediante el ejercicio de sus funciones de inspección y sanción, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de los empleadores, con la finalidad de garantizar la protección de los bienes jurídicos sociolaborales. En virtud de lo señalado, el presente trabajo de investigación pretende identificar los efectos generados por la aplicación de la condición eximente de subsanación voluntaria en la estrategia de cumplimiento normativo de la SUNAFIL, en el marco de sus procedimientos de inspección y administrativo sancionador y, con ello, evaluar propuestas que contribuyan a optimizar su aplicación.
Fallas regulatorias en el cierre de minas: el caso Quiruvilca
(Universidad del Pacífico, 2021-10) Paucar Bejarano, Sahra Viviana; Suarez Iglesias, Isaac; Villanueva Carpio, Kattya Yazmín; Ochoa Mendoza, Francisco
En el año 2003, se creó un marco regulatorio para los Planes de Cierre de Minas; hoy, luego de 18 años de vigencia de este marco normativo, nos encontramos en un período en el cual resulta importante evaluar su efectividad, toda vez que algunas operaciones mineras se encuentran concluyendo con sus actividades. En ese sentido, corresponde que el cierre de minas se produzca de manera coherente y que todos los costos sean asumidos por el titular minero, al ser quien obtuvo los beneficios de la operación. Así pues, el presente trabajo pretende hacer una evaluación, debido a su relevancia, del diseño, implementación y cumplimiento de las disposiciones que regulan los costos del cierre de minas y la correspondiente constitución y ejecución de las garantías de cierre. Mediante esta evaluación, se pretende evidenciar la existencia de fallas regulatorias en el diseño, implementación y cumplimiento de la referida normativa, y cómo dichas fallas pueden generar situaciones en las que sea el Estado y no el titular minero el que asuma el costo del cierre de operaciones, además de los problemas de contaminación (externalidades negativas).
Las fintech en el Perú como mecanismo de inclusión financiera, a partir del 2022
(Universidad del Pacífico, 2023-03) Arevalo Sanchez, Viviana del Pilar; Muñoz Taboada, Daniel Ernesto; Rojas Peña, Vanessa Viviana; Merino Taboada, María Antonieta
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar aquellas fallas regulatorias contenidas en normas legales y políticas públicas en materia de las Fintech y su participación en el mercado financiero, con énfasis en el servicio de pagos, así como hacer notar que no han contemplado el máximo de su potencial como mecanismo de inclusión financiera. Lo indicado, con el propósito de elaborar propuestas destinadas a incidir en la corrección de tales fallas. De modo que, se coadyuve al logro de las Fintech como un mecanismo de inclusión financiera en el Perú. Por tanto, la investigación toma como punto de partida instrumentos normativos como la Resolución SBS 211-2021, la Resolución SBS 6284-2013, la Resolución SBS 2429-2021, la Circular BCRP 024-2022 y la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), documentos que han sido emitidos en el marco de la transformación digital, de alcance dentro del mercado financiero peruano, con el propósito de explotar el carácter disruptivo de las Fintech en procura de un mercado financiero inclusivo. En ese sentido, se analiza el entorno Fintech en Brasil, México y Colombia, así como elementos comparados que permitan establecer referentes en cuanto a los resultados alcanzados en tales latitudes, y así, esbozar diagnósticos de los resultados en el Perú a la luz de la regulación antes detallada. Es así como, un estudio de la normatividad en los indicados países permitirá, a su vez, comprender mejor el sustento de la regulación en el Perú; y, en esa misma línea, incorporar los mecanismos regulatorios que permitan lograr los objetivos, aplicando mejoras en las políticas regulatorias de modo adecuado, alineadas con las expectativas de los principales stakeholders dentro del entorno Fintech.
Impacto del artículo 19 de la Ley N° 30230 en el cumplimiento normativo ambiental en el sector minería
(Universidad del Pacífico, 2023-03) Nuñez Manrique, Robinson Esmith; Vasquez Nina, Renato Emilio; Villanueva Flores, Julio Luis; Gómez Apac, Hugo R.
La minería es una actividad económica de gran importancia en nuestro país, por sus grandes implicancias económicas, como su aporte al Producto Bruto Interno, la generación de empleos, la dinamización del comercio exterior, el pago de impuestos, entre otros. Sin embargo, al tratarse de una actividad extractiva de recursos naturales, su desarrollo tiene efectos directos en el medio ambiente, cuyo estricto cuidado es un mandato constitucional. Por ese motivo, la actividad está sujeta al cumplimiento de una serie de obligaciones legales de índole ambiental, que permitan evitar o mitigar afectaciones al medio ambiente. En el Perú, la minería presenta un alto índice de incumplimiento de las normas ambientales, lo que supone un alto impacto negativo en el medio ambiente, y amerita que el Estado afronte este problema, ejecutando acciones destinadas a mejorar el nivel cumplimiento normativo ambiental por parte de las distintas empresas que desarrollan actividades mineras. Una de las medidas adoptadas bajo dicho enfoque, fue la emisión de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, en cuyo artículo 19 se estableció un régimen especial de fiscalización ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), por un periodo de 3 años, durante el cual ante la verificación de la comisión de una infracción de la normativa ambiental ejecutada por las empresas, el OEFA debía privilegiar la imposición de medidas correctivas destinadas a la remediación del daño antes que imponer sanciones; siendo que, solo ante el incumplimiento de tales medidas correctivas, se podía imponer una sanción, que, además, salvo en algunos supuestos específicos, no debía ser mayor del 50% de la multa que hubiera correspondido imponer. La finalidad de este trabajo de investigación fue analizar la variación del cumplimiento normativo ambiental en el sector minero antes, durante y después de la vigencia del artículo 19 de la Ley N° 30230, a fin de determinar si dicha norma contribuyó en el mejoramiento del cumplimiento normativo ambiental en referido sector.
Impacto socioeconómico y ambiental de actividades agrícolas a gran escala sin certificación ambiental: caso Tamshi y Ocho Sur
(Universidad del Pacífico, 2023-10) Mendoza Guillén, Ivonne Beverly; Solís Yataco, Oscar Javier; Torres Torres, Mariapía; Ipenza Peralta, César A.
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de proponer mecanismos de atenuación y mitigación de impactos ambientales y socioeconómicos, generados por las empresas que realizan actividades agrícolas a gran escala sin certificación ambiental, quienes vienen realizando sus actividades económicas deforestando la Amazonía peruana, como es el caso de las empresas Tamshi S.A.C y Ocho Sur P S.A.C. quienes han desarrollado sus actividades de cultivo de cacao y de palma aceitera en los departamentos de Loreto y Ucayali respectivamente. En atención a lo expuesto, se plantean como estrategias de solución, complementarias a la sanción, las siguientes alternativas: i) la implementación de un compliance ambiental que se aplicaría para las empresas que realizan actividades agrícolas a gran escala sin contar con instrumento de gestión ambiental aprobado, ii) fomentar las campañas de sensibilización a los pobladores que son afectados directa e indirectamente por las empresas; y, iii) la aprobación del Cronograma para la Adecuación Ambiental de las actividades en curso, establecido en el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario (RGASA). Con las propuestas de solución se busca obtener mecanismos que permitan al Estado, no solo utilizar las sanciones como única herramienta que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental, sino también tener alternativas o complementos que coadyuven a que el Estado enfrente con mayor eficiencia los riesgos relacionados a los impactos que vienen generando este tipo de empresas con sus actividades. A manera de conclusión, se realiza el análisis de nuestras propuestas de solución al problema detectado y se contrasta con la opinión de distintos expertos en la materia para determinar la viabilidad de la implementación del programa compliance ambiental en nuestra regulación.
La indebida aplicación de la presunción de la responsabilidad solidaria del consorcio en la comisión de la infracción de presentación de documentación falsa
(Universidad del Pacífico, 2021-03) Paredes Ollero, Juan Carlos; Pinillos Salas, Carlos Enrique; Rojas Delgado, Magali
La investigación metodológica se realiza a través de un enfoque de investigación mixta. Como primer punto, en la investigación cualitativa se toma en cuenta la legislación y la doctrina comparada respecto a cómo se regula en Colombia, Chile, Argentina y España el procedimiento sancionador a los consorcios, además de lo que opinan los juristas sobre la responsabilidad solidaria a nivel internacional. Asimismo, se hace una revisión de la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones del Estado, la severidad de las sanciones y en qué situaciones se ha aplicado la individualización de responsabilidades. Como segundo punto metodológico, en nuestra investigación cuantitativa se realizará entrevistas a los funcionarios o servidores públicos, a fin de conocer sus opiniones respecto a la propuesta que se plantea en el presente trabajo de investigación, la de poner en práctica en el procedimiento sancionador de las contrataciones del estado la no aplicación de la responsabilidad solidaria.
La independencia del Indecopi frente al riesgo de influencia o presión política
(Universidad del Pacífico, 2021-05) Martinez Alvarez, Carlos Alfredo; Saldaña Solari, Boris Alfredo; Sandoval Valer, Jeysson; Espinoza Lozada, Jesús Eloy
La independencia de las agencias de competencia es vital para garantizar que operen de forma objetiva y técnica. Múltiples trabajos se han escrito respecto de la importancia de establecer un marco institucional sólido que proteja a estas entidades de influencias externas, refiriéndose mayormente a presiones de agentes económicos. Sin embargo, estos últimos no son los únicos interesados en intervenir en las agencias de competencia, ya que también lo están los actores políticos. En este contexto, el presente trabajo busca analizar el marco institucional del Indecopi, la Agencia de Competencia peruana, y evaluar si garantiza su independencia frente a presiones políticas. Específicamente, si existe el riesgo respecto a que el Ejecutivo presione o influya en el Indecopi debido a la posición que tiene esta última entidad respecto del citado poder del Estado.
Intervención estatal para el control del impacto socio ambiental de la quema de caña de azúcar previo a su cosecha en el Perú
(Universidad del Pacífico, 2021-04) Jurado Corimanya, Edwin Edson; Aguilar Cruz, Juan Carlos; Pescetto Figueroa, Sandra Noelia; Montes Tapia, Karina
El presente trabajo de investigación evalúa la necesidad de la intervención del Estado a través de su potestad regulatoria, a fin de controlar los impactos negativos que genera la actividad de quema de caña de azúcar en el medio ambiente y en la salud de las poblaciones de la zona de influencia de las empresas productoras. Al respecto, el marco normativo vigente establece condiciones generales que pueden resultar aplicables a la quema de caña de azúcar; sin embargo, su regulación específica se establece a través de instrumentos de gestión ambiental (IGA), los cuales son heterogéneos pues varían significativamente entre uno y otro productor; asimismo, debido al periodo de adecuación previsto en la normativa del sector agrario e industrial, no todos los productores de caña cuentan con IGA. Por otro lado, a raíz de la problemática suscitada en el distrito de La Huaca, departamento de Piura, evidenciada en las seis denuncias registradas en el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales, referidas a la presunta contaminación por la quema de caña de azúcar de la empresa Agroaurora S.A.C., el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental realizó una evaluación ambiental para determinar la calidad de aire y estimar las distancias mínimas apropiadas para la quema, cuyos resultados motivaron la imposición de una medida preventiva para la restricción de dicha actividad a nuevas distancias y horarios de quema definidos. Frente a la problemática antes descrita, se realizó el análisis de cuatro alternativas de solución que contemplan diferentes niveles de control para la quema de caña: (i) mantener la situación actual con medidas de control establecidas en los IGA, (ii) la autorregulación entre los propios productores, (iii) la restricción de la quema de caña a determinadas distancias y horarios, y (iv) la prohibición de la quema de caña. Para esta evaluación se utilizó el análisis multicriterio, mediante encuestas a diversos actores involucrados, quienes asignaron puntajes a cada alternativa, en función de criterios de evaluación referidos a sus costos y beneficios. Finalmente, considerando los resultados de la evaluación realizada, se planteó una propuesta de solución a la problemática de la quema de caña, la cual contempla la restricción provisional de dicha actividad, a través de distancias mínimas respecto de zonas restringidas y horarios de quema específicos, y la posterior implementación obligatoria de su cosecha en verde.
Mejora en el enforcement de Osinergmin para disminuir los reclamos más significativos de los usuarios del servicio de distribución eléctrica
(Universidad del Pacífico, 2021-08-23) Chavez Huertas, David Humberto; Ochoa Mendoza, Francisco
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad mostrar que el incremento anual sostenido de los reclamos de usuarios del servicio público de electricidad, que se viene presentando en el Perú, debe controlarse fortaleciendo el enforcement disuasivo del Osinergmin. Sostenemos que ese incremento anual sostenido debe controlarse, porque genera grandes costos para las partes intervinientes en los procedimientos de reclamo, sobre todo para el regulador como última instancia; porque incluye reclamos que pudieron evitarse y reclamos reiterativos, producto del incremento indebido del consumo por encima del nivel de consumo mensual habitual de los usuarios; porque ya viene generando el colapso del sistema de reclamos, respecto de lo cual se cuenta con información que evidencia una clara afectación del desempeño de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU) del Osinergmin; y, porque gatilla contextos de conflicto mucho mayores, como la protesta social de consumo producida en el interior del país.
El problema de la paralización de obras públicas en el marco de la ley de contrataciones del Estado
(Universidad del Pacífico, 2023-05) Lau Buendia, Claudia Cecilia; Silva Acevedo, Sergio Arturo; Zúñiga Gonzalez, Jose Ydal; Rojas Delgado, Magali
Este trabajo se formuló con el propósito de analizar las consecuencias de no poder disputar las decisiones tomadas por la Contraloría General de la República o la entidad respecto a la aprobación o rechazo de prestaciones adicionales de obra que surjan en la ejecución del contrato. Se aborda el desafío observado en la ejecución de contratos bajo las directrices de la contratación pública. Esta evaluación se basa en la información pública obtenida, conversaciones con las partes involucradas, conocimientos especializados y el marco legal vigente. A pesar de introducir cambios y emitir disposiciones específicas en la normativa de contratación pública hasta el año 2023, la paralización de las obras sigue siendo un problema persistente. Los efectos originados por la imposibilidad de someter a controversia la no aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, y segundo, la imposibilidad de concluir con las obligaciones pactadas debido a deficiencias en los expedientes técnicos, también se examinan como parte de la citada cuestión. Por último, se proponen recomendaciones orientadas a reducir o mitigar los efectos e impactos generados por el legislador, y la mejora de la implementación de la Junta de Resolución de Disputas en la contratación estatal, así como definir las materias que se deben someter a controversia, para alcanzar el objetivo público.

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